Emilio Lozoya admite que sus acusaciones contra exfuncionarios y periodista fueron nulas, solo buscaba evitar la cárcel.
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex y símbolo de la corrupción durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, admite ante el Ministerio Público de la fiscalía de la CDMX que sus declaraciones, en las cuales imputó a 16 exfuncionarios y a la periodista Lourdes Mendoza, fueron falsas.
Lozoya aceptó que sus acusaciones tenían el único propósito de obtener un criterio de oportunidad, acuerdo reparatorio o suspensión del proceso para evitar la cárcel.
La denuncia de Lozoya, que fue filtrada el 19 de agosto de 2020, causó un escándalo mediático y social, resultando en órdenes de aprehensión y linchamiento público de los implicados.
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Mendoza, la única mujer y periodista entre los acusados, ganó varias instancias judiciales por daño moral contra Lozoya, quien ahora enfrenta una cuarta instancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su retractación por escrito, Lozoya argumentó que su denuncia no tiene efecto jurídico y no puede ser usada en su contra.
Sin embargo, sus mentiras provocaron daños irreparables a las reputaciones y vidas de los acusados, quienes fueron sacrificados para salvarse él mismo.
Mentalidad criminal
Lozoya, mostrando una actitud cínica e indolente, también afirmó que no firmó su denuncia en presencia de un abogado, lo que la hace nula.
Esta declaración desvela su intento de manipular el sistema judicial y evade cualquier responsabilidad por el impacto de sus acciones.
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La fiscalía de la CDMX, firme en su proceder, logró que Lozoya ratificara su declaración, pese a sus intentos de dilatar el proceso.
Ahora, las preguntas se centran en cómo responderá la Fiscalía General de la República (FGR) y el presidente López Obrador ante esta revelación, y qué medidas tomarán contra Lozoya y quienes colaboraron en su entramado de mentiras.
El caso Lozoya se mantiene en el ojo del huracán, con la sociedad esperando justicia y una respuesta contundente del gobierno para sancionar la corrupción y proteger la integridad de los afectados.
