Cada 28 de septiembre, el mundo conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, una fecha que marca un hito en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres.
Esta conmemoración se remonta a la Declaración de San Bernardo en 1990, cuando mujeres de América Latina y el Caribe se unieron para proclamar el Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe.
La propuesta de esta fecha se basó en el deseo de rescatar un momento histórico en Brasil en 1888, cuando se declaró la libertad de vientres, otorgando la libertad a los hijos e hijas nacidos de mujeres esclavas.
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Acción global por la autonomía de nuestros cuerpos
Este hecho simboliza la lucha continua por la autonomía y la toma de decisiones de las mujeres en la región.
Sin embargo, a pesar de los avances en la legislación y los derechos reproductivos de las mujeres en algunos países de América Latina, todavía existen desafíos significativos.
La criminalización, la estigmatización y la falta de acceso a servicios de salud seguros continúan poniendo en peligro la salud y la vida de las mujeres que buscan interrumpir sus embarazos.
Aunque la Ciudad de México logró reformas cruciales en 2007 para garantizar el derecho de las mujeres a un aborto seguro durante las primeras doce semanas de gestación, muchas regiones aún enfrentan barreras en el ejercicio de estos derechos.
En un avance histórico, la Suprema Corte de Justicia de México declaró la inconstitucionalidad de la criminalización absoluta del aborto, reconociendo el derecho de las mujeres a decidir sin enfrentar consecuencias penales.
Colombia también se unió a esta marea verde al despenalizar el aborto, gracias a la persistencia de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.
A nivel internacional, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Recomendación General Nº 24 destacan la importancia de garantizar la prevención del embarazo no deseado y la eliminación de medidas punitivas en casos de aborto.
Sin embargo, en contraste con estos avances, Estados Unidos ha experimentado un retroceso en los derechos reproductivos de las mujeres.
La aprobación de leyes que prohíben el aborto a partir de las seis semanas de gestación, incluso en casos de violación o incesto, representa un desafío significativo para el acceso de las mujeres a servicios seguros y legales.
¿Qué pasa si se niega el acceso al aborto seguro?
Esta legislación, una de las más restrictivas en su tipo, pone en riesgo la salud y la autonomía de las mujeres.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha demostrado que negar el acceso al aborto legal no reduce la cantidad de abortos, sino que aumenta la incidencia de abortos inseguros, que son una de las principales causas de muerte materna en el mundo.
En este contexto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México defiende el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual y reproductiva y condena la criminalización que enfrentan cuando se ven obligadas a interrumpir un embarazo.
El Estado debe garantizar un buen sistema de salud
La CNDH insta a todas las entidades del país a garantizar el acceso al aborto legal, seguro y gratuito como parte de los derechos humanos de las mujeres, con el objetivo de promover una ciudadanía plena y una vida digna.
El derecho a decidir sobre la propia vida otorga dignidad a las mujeres y es fundamental para el respeto de sus derechos humanos.
El Estado debe comprometerse a garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, educación sexual, anticoncepción y protección legal contra abortos forzados, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.
