La histórica elección judicial de 2025 enfrenta falta de candidatos, recortes presupuestales y un calendario crítico.
La elección judicial que México llevará a cabo en junio de 2025 avanza con pocos candidatos, mucho estrés para las instituciones encargadas y una alta tensión política y social.
Validada por la Suprema Corte, la reforma al Poder Judicial obliga a elegir cerca de 900 cargos federales, incluidos jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte.
Sin embargo, el proceso avanza con poca participación de aspirantes, especialmente mujeres, un calendario ajustado y fuertes tensiones presupuestales.
El Instituto Nacional Electoral (INE), responsable de organizar los comicios, ha señalado la insuficiencia de recursos para llevar a cabo la elección, especialmente tras un recorte presupuestal significativo.
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Pese a solicitar más fondos y tiempo, la presión por cumplir con la reforma y no aumentar el gasto público ha complicado la planificación.
La falta de interés entre los aspirantes, atribuida en parte al escepticismo sobre el impacto de la reforma, agrava la situación.
Además, se han registrado protestas en rechazo a los cambios, destacando las voces de jueces actuales que temen perder sus cargos bajo el nuevo esquema.
Con menos de siete meses para la elección, el panorama luce tenso e incierto.
Mientras tanto, la implementación de esta reforma se perfila como una de las pruebas más complejas para el sistema democrático y judicial de México.
