La resolución judicial por el feminicidio de la activista Cecilia Monzón no solo marca un precedente en materia penal, sino también en el reconocimiento del impacto económico y emocional que este crimen provocó en su familia. La sentencia establece una reparación integral del daño, cuyo monto base supera los 588 mil pesos, con la posibilidad de incrementarse en etapas posteriores del proceso legal.
Este fallo, informado por la Fiscalía General del Estado (FGE), subraya que la justicia no concluye con la imposición de penas privativas de libertad, sino que debe contemplar el daño total ocasionado a las víctimas indirectas.
Daño moral: el rubro con el monto más alto de la sentencia
Uno de los conceptos centrales de la resolución es el pago por daño moral, fijado en 3 mil UMAs, lo que equivale a 339 mil 420 pesos, la cifra más elevada dentro del desglose económico.
En términos jurídicos, el daño moral reconoce la afectación profunda a los sentimientos, afectos, dignidad, honor y estabilidad emocional de las víctimas indirectas, particularmente del hijo y la familia de Cecilia Monzón. Esta compensación busca visibilizar el sufrimiento psicológico derivado de una pérdida violenta y el impacto permanente en la vida emocional de quienes dependían de la activista.
Indemnización por daños materiales y pérdida económica
La sentencia también contempla una indemnización de 1,200 UMAs, equivalente a 135 mil 768 pesos, destinada a cubrir los daños materiales y económicos derivados del crimen.
Este rubro incluye gastos inmediatos, como los funerarios, así como la pérdida de los ingresos que Cecilia Monzón habría aportado para el sustento y desarrollo de su hijo. Se trata de un mecanismo legal orientado a restituir, en la medida de lo posible, la estabilidad financiera que fue abruptamente interrumpida por el feminicidio.
Una investigación que acreditó responsabilidad integral
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, la sentencia es resultado de una investigación exhaustiva, en la que se logró demostrar la responsabilidad de los tres implicados, tanto en la ejecución del crimen como en el daño integral causado al núcleo familiar de la víctima.
El desglose monetario refleja un enfoque de justicia más amplio, que reconoce que los efectos de la violencia de género trascienden el acto criminal y se extienden al ámbito emocional, social y económico.
La posibilidad de exigir un monto mayor sigue abierta
Aunque el monto determinado por el tribunal supera el medio millón de pesos, Helena Monzón aclaró que existen reservas de acciones, lo que significa que esta cantidad representa una base inicial.
La familia conserva el derecho de exigir reparaciones adicionales durante la etapa de ejecución de la sentencia, siempre que se acrediten nuevos daños específicos o necesidades relacionadas con el bienestar, educación y desarrollo del menor involucrado.
Justicia económica como mensaje contra la impunidad
El boletín de la FGE destaca que este castigo financiero reafirma el compromiso institucional con el acceso efectivo a la justicia. Obligar a los responsables —tanto materiales como intelectuales— a responder económicamente busca enviar un mensaje claro: la violencia de género tiene consecuencias penales, sociales y patrimoniales.
El cobro de estas cantidades se realizará una vez que la sentencia quede firme. En caso de que los sentenciados aleguen insolvencia, la ley contempla mecanismos de embargo, aunque la expectativa de la parte civil es que el pago se realice de forma inmediata para garantizar los recursos destinados al futuro del hijo de Cecilia Monzón.
